¿Hasta cuando?
Ester Valenzuela
Académica Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales Directora Ejecutiva CIDENI
A más de 30 años de la firma de la Convención de Derechos del Niño y más de una década desde la formulación de las Directrices de las Naciones Unidas sobre cuidados alternativos para la infancia, Chile sigue en deuda con sus niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos privados de su entorno familiar, a quienes el Estado tiene la labor de proteger.
La situación es gravísima y ha sido denunciada en innumerables ocasiones: el Comité de Derechos el Niño señaló en su Informe de 2018 que el Estado de Chile viola grave y sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias. Agregó que estas vulneraciones se han prolongado por 40 años (es decir, desde la creación del SENAME en 1979) y que no son producto de circunstancias o personas puntuales, sino que hay causas estructurales que las han permitido. Prueba de ello son su persistencia por décadas y la falta de corrección ante reiteradas denuncias y constataciones.
Así, la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del Estado de Chile no sólo corresponde a una de carácter directo (físico y psicológico), sino también institucional, toda vez que los organismos a cargo de su protección son organismos estatales o bien supervisados por el Fisco.
¿De dónde nace? El Comité considera que son cuatro las principales causas: a) la visión tutelar de la infancia; b) una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; c) la excesiva judicialización del sistema; y d) la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros. Esto reafirma la idea de que estamos en presencia de una violencia que va aun más allá de lo institucional: se trata de una violencia estructural.
Es innegable, además, que la desigualdad económica, social y cultural atraviesa el problema: la totalidad de niñas y niños en residencias proviene de familias pobres.
Adicionalmente, persiste la impunidad en los casos de abuso, violencia, y vulneración de derechos, y no existe propuesta alguna de reparación a niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos, ni a las familias de quienes han muerto bajo el cuidado del Estado.
El diagnóstico ha estado claro hace tiempo. Sólo falta voluntad para actuar. ¿Qué más debe suceder para que pongamos fin a la pesadilla que viven miles de niños en residencias? ¿Hasta cuándo toleraremos que en nuestras narices se violen los derechos de los niños y niñas más vulnerables?
Publicación original: La Segunda | 31 / 03 / 2021
Las dos Ámbar (y otros miles de niños y niñas)
Ester Valenzuela
Académica Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales Directora Ejecutiva CIDENI
Ámbar Lezcano tenía apenas 1 año y 7 meses cuando murió en 2018, producto de golpes y violación a manos de la pareja de su tía, con quienes vivía bajo el sistema de familia de acogida. Y hace pocos días, se encontró el cuerpo de Ámbar Cornejo, de 16 años, presuntamente asesinada por la pareja de su madre. Según se ha informado en la prensa, vivía con su tía y el padre de esta, respecto del cual existiría una denuncia por abuso sexual; el colegio había alertado de su situación de vulnerabilidad y se había activado el Programa de Intervención Especializada (PIE) ambulatorio del Sename, y se sabe que Ámbar anteriormente también estuvo en una residencia de ese servicio.
Ambas niñas acudieron a un sistema que no fue capaz de protegerlas y que, en cambio, las trató con desidia. Un sistema que, además de llegar tarde, no logró evitar sus muertes.
Estos hechos son particularmente lamentables cuando, en pocos días, se cumplirán 30 años desde que Chile ratificó la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Pese a los enormes esfuerzos, persisten deudas históricas con la infancia, entre ellas, un Sistema de Protección Integral que garantice universal e integralmente los derechos de infancia y adolescencia; un Servicio de Protección de la Niñez que vele por el cuidado de niños y niñas a través de programas ambulatorios eficientes; y un sistema de cuidados alternativos (residencial y de acogimiento familiar) que los proteja efectivamente.
Un Servicio que cuente con profesionales adecuados, con un sistema de registro y supervisión que permita hacer seguimiento de cada niño y niña que ingresa a programas ambulatorios o bien a cuidados alternativos, un sistema que aborde la prevención y promoción de derechos y, por supuesto, un sistema que cuente con recursos suficientes para la ejecución de sus deberes. Si contáramos con una ley de Garantía y un Servicio de esas características, los destinos de ambas Ámbar hubieran sido distintos. Sin embargo, ambos proyectos de ley ya llevan 5 y 2 años respectivamente en el Parlamento y aún no tenemos resultados.
En su reciente Cuenta Pública, el Presidente Sebastián Piñera volvió reconocer que el Sename no ha cumplido la tarea de cuidar a nuestros niños y cautelar su dignidad, e indicó que se privilegiará la reunificación familiar y se fortalecerá el rol de las familias de acogida. Esta es una promesa crucial. Hoy, el sistema interviene cuando ya es tarde, cuando niños y niñas ya fueron vulnerados. No contamos con efectivos mecanismo de alerta temprana que puedan identificar aquellos que se encuentran en riesgo, ni menos de seguimiento cuando estos egresan del sistema.
Asimismo, además de reconocer los fracasos del Estado de Chile en estas materias, es vital establecer reparaciones para las niñas, niños y adolescentes que pasaron por el sistema y no fueron debidamente protegidos, o derechamente fueron vulnerados. Reparar el daño inconmensurable a su integridad física y psíquica es un deber tan absoluto como el evitar que dichas vulneraciones continúen sucediendo.
Columna publicada el 11/08/2020 en El Mostrador [Ver]