30 de septiembre de 2025. En el marco del ciclo Derechos de la Niñez en Acción, el Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez (CIDENI) realizó el conversatorio “Propuestas de Política Criminal en Justicia Juvenil en tiempos de Punitivismo”, una instancia de reflexión regional sobre los efectos de las reformas penales regresivas que amenazan la especialidad del sistema penal juvenil en América Latina.

El encuentro fue moderado por Sofía Cobo, Directora para Iberoamérica de CIDENI, y Belén Mendoza, investigadora del Centro, y reunió a destacados especialistas: Luis Pedernera Reyna (Uruguay), ex Presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas; Ana Paula Motta Costa (Brasil), Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul; y Miguel Cillero Bruñol (Chile), Presidente de la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y Familia.

Durante el diálogo, las y los panelistas coincidieron en advertir un preocupante retroceso regional hacia políticas criminales punitivistas, que debilitan la especialidad de la justicia penal juvenil bajo el argumento del crimen organizado. Estas tendencias —señalaron— erosionan garantías fundamentales como el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones y la diferenciación entre la justicia penal de adultos y adolescentes.

Entre los temas abordados, se destacó la expansión de figuras como la prisión preventiva, la baja de edad de imputabilidad y el uso de discursos mediáticos que asocian a adolescentes con la criminalidad organizada, lo que refuerza prácticas regresivas y estigmatizantes. Frente a ello, las y los expertos plantearon estrategias como el litigio estratégico, el fortalecimiento de los sistemas de ejecución de medidas, y la producción de evidencia científica y dogmática que sustente el enfoque especializado y de derechos humanos.

Desde Ecuador, Verónica Polit y Wendy Ibarra compartieron el reciente fallo de la Corte Constitucional (Sentencia 52-25-ON/25 del 26 de septiembre de 2025), que declaró inconstitucional una ley que ampliaba la prisión preventiva y permitía el traslado de adolescentes a cárceles de personas adultas.

Este pronunciamiento representa un importante triunfo para los derechos humanos de las personas adolescentes en conflicto con la ley, resultado del firme impulso de la sociedad civil, cuya acción colectiva fue clave para revertir la entrada en vigor de una normativa punitiva contraria a los estándares de protección de niñas, niños y adolescentes.

El conversatorio reafirmó la urgencia de defender la legitimidad democrática y el enfoque garantista de la justicia penal juvenil, promoviendo políticas que prioricen la reinserción social y el interés superior de niños, niñas y adolescentes frente al avance del populismo punitivo.

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