CIDENI

¿HASTA CUÁNDO?

Ester Valenzuela

Académica Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales

Directora Ejecutiva CIDENI

A más de 30 años de la firma de la Convención de Derechos del Niño y más de una década desde la formulación de las Directrices de las Naciones Unidas sobre cuidados alternativos para la infancia, Chile sigue en deuda con sus niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos privados de su entorno familiar, a quienes el Estado tiene la labor de proteger.

La situación es gravísima y ha sido denunciada en innumerables ocasiones: el Comité de Derechos el Niño señaló en su Informe de 2018 que el Estado de Chile viola grave y sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias. Agregó que estas vulneraciones se han prolongado por 40 años (es decir, desde la creación del SENAME en 1979) y que no son producto de circunstancias o personas puntuales, sino que hay causas estructurales que las han permitido. Prueba de ello son su persistencia por décadas y la falta de corrección ante reiteradas denuncias y constataciones.

Así, la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del Estado de Chile no sólo corresponde a una de carácter directo (físico y psicológico), sino también institucional, toda vez que los organismos a cargo de su protección son organismos estatales o bien supervisados por el Fisco.

¿De dónde nace? El Comité considera que son cuatro las principales causas: a) la visión tutelar de la infancia; b) una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; c) la excesiva judicialización del sistema; y d) la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros. Esto reafirma la idea de que estamos en presencia de una violencia que va aun más allá de lo institucional: se trata de una violencia estructural.

Es innegable, además, que la desigualdad económica, social y cultural atraviesa el problema: la totalidad de niñas y niños en residencias proviene de familias pobres.

Adicionalmente, persiste la impunidad en los casos de abuso, violencia, y vulneración de derechos, y no existe propuesta alguna de reparación a niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos, ni a las familias de quienes han muerto bajo el cuidado del Estado.

El diagnóstico ha estado claro hace tiempo. Sólo falta voluntad para actuar. ¿Qué más debe suceder para que pongamos fin a la pesadilla que viven miles de niños en residencias? ¿Hasta cuándo toleraremos que en nuestras narices se violen los derechos de los niños y niñas más vulnerables?