CIDENI

Especialistas piden protocolos a gobiernos para adolescentes privados de libertad en pandemia

Con análisis y exposición del panorama general de América Latina sobre la situación de adolescentes privados de libertad en pandemia, junto a la revisión de casos en México (Puebla) y Brasil (Rio Grande do Sul), se llevó a cabo el primer seminario virtual sobre el tema organizado por CIDENI y el Grupo de Estudios Iberoamericano de Justicia Juvenil.

Durante el seminario “Adolescentes Privados de Libertad en Pandemia: Problemas y Perspectivas en Iberoamérica”, las y los especialistas coincidieron en que existe poca información sobre cuántos adolescentes están privados de libertad, si se están aplicando medidas alternativas para evitar el encierro en pandemia, qué protocolos de cuidado se utilizan para evitar el contagio al interior de los recintos y de qué manera se mantiene el contacto con sus familias.

El encuentro, realizado el 2 de julio y al que se conectaron personas de 9 países de Iberoamérica, contó con la participación del Representante Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y las académicas Ana Paula Motta Costa, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Brasil, y Sofía Cobo, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), de México.

Para el representante del Alto Comisionado la “crisis de COVID 19 ha exacerbado los problemas estructurales de la privación de libertad para adolescentes”, destacando que los regímenes penitenciarios para las personas menores de 18 años no cuentan con estándares “de especialización acorde a su edad y necesidades”. Destacó que la separación de los niños y niñas de sus familias suele tener como motivo principal la pobreza, y que en esta crisis, a pesar de los llamados de organismos internacionales, los adolescentes privados de libertad “no son considerados un grupo prioritario de atención”. Mencionó que durante la pandemia se descuida el derecho a la salud, la provisión de insumos para la protección personal, el difícil acceso al agua potable, los problemas de infraestructura en los centros que no aseguran una real distancia física que proteja de contagios tanto al personal como adolescentes que se encuentran en ellos.

Entre los países de Iberoamérica que destacan por haber elaborado recomendaciones para adolescentes, según mencionó Jan Jarab, están Brasil y Perú, que han informado de acciones específicas, sin embargo confirmó que es “difícil conocer lo que está pasando. Las cifras oficiales no dan cuenta de las realidades particulares, y muchas veces no hay seguimiento o trazabilidad con exámenes para” para las personas menores de 18 años, dijo.

Jarab destacó que las medidas para prevenir el contagio pueden afectar a las y los adolescentes y su salud mental porque pierden contacto con sus familias, limitando sus derechos humanos básicos. Adicionalmente, se restringen o suspenden visitas de defensores, dejando en evidencia cómo la pandemia ha puesto sobre la mesa un problema adicional: “la paralización de los sistemas de justicia, con muchas audiencias suspendidas, mientras otras se realizan de manera virtual sin necesariamente cumplir con las exigencias técnicas de la defensa”.

Durante el encuentro, las y los especialistas coincidieron en la necesidad de que las actuaciones de los estados en esta pandemia estén en sintonía con las directrices internacionales sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial cuando están privados de libertad. Particular mención se hizo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud para abordar la Preparación, Prevención y Control de Covid-19 en cárceles[1].

Sobre la situación en Brasil, la académica Ana Paula Motta, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, evidenció los problemas que tiene el país con respecto a los datos sobre adolescentes privados de libertad, los que en 2018 fueron 22 mil 203, informados a través de una página web creada por el Consejo Nacional de Justicia. En pandemia se ha informado de una reducción del 10%, lo que se explica como una disminución de los ingresos más que un egreso de los internados, los que un número importante continúan detenidos. En el estado de Rio Grande do Sul, si bien se han reportado reducciones de adolescentes privados de libertad, no hay testeos en todos los centros, permanecen aislados sin contactos familiares y están suspendidas las actividades escolares, recreativas y cualquier otra externa. En Brasil el tiempo máximo de internamiento para una persona menor de 18 años es de 3 años, y la responsabilidad de los adultos, según detalla Ana Paula Motta, junto con el respeto de sus derechos humanos fundamentales, debiera ser “reducir al máximo las experiencias negativas de este tiempo pues en el caso de los adolescentes el impacto se amplifica y es más graves”.

En el caso de México, la académica Sofía Cobo coincidió con las exposiciones anteriores sobre la ausencia de medidas especiales en concordancia con directrices del derecho internacional para menores de 18 años privados de libertad en pandemia. Ello se ve agravado por la ausencia de datos en el país: “los datos en México no existen”, dice Cobo. Luego se refirió a la denuncia en torno al Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes (CIEPA) de la ciudad de Puebla, que fue utilizado para la internación de adultos contagiados con COVID-19 sin las medidas de seguridad mínimas, provocando contagios entre adolescentes. “La denuncia ha movilizado a la comunidad y especialistas dada la gravedad de las medidas tomadas”, ya que en el centro conviven adultos contagiados con los adolescentes, solo los divide un muro y varios espacios son comunes para ambos grupos, no es claro la cantidad de personas contagiadas; “aquí se ha privilegiado la seguridad para los adultos por sobre la de los adolescentes”, dijo Cobo.

Finalmente, la académica hizo un llamado para que sean las autoridades quienes tomen medidas concretas que protejan la vida y la salud, informó que se ha constituido una mesa de trabajo para abordar el problema y evitar que se repita en otros estados de México, agregando que las políticas para las personas menores de 18 años deben ser “garantistas, protectoras, inclusivas y creativas. Considerando estándares y buenas prácticas internacionales” concluyó.


[1] https://www.mpf.gob.ar/procuvin/files/2020/04/15-03-Organizaci%C3%B3n-Mundial-Salud.pdf